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La juez en lo Civil y Comercial, Máxima Meza seguiría contando con la alevosa protección de los fiscales de Ciudad del Este, quienes también son tildados de "cobardes". Primero, Carlos Almada se encargó de cajonear durante varios meses un acta de imputación. A raíz de eso, el citado fiscal fue apartado del caso y su colega Carolina Rosa Gadea quedó a cargo de la investigación contra la mencionada magistrada.

Lo llamativo del caso, es que el fiscal adjunto del Alto Paraná, Alejo Vera, remitió el espediente en la unidad penal de la fiscal Gadea, justo en el tiempo en que la misma estaba de vacaciones.

Máxima Meza está denunciada por prevaricato (que significa dictar a propósito una resolución injusta).

Teresa Flecha, abogada de HB Inmobiliaria, presentó el segundo urgimiento ante la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este, para solicitar la imputación la referida juez.

Luego del descanso y retomar sus actividades, la fiscal Gadea no se animó a imputar a la jueza Meza, tal como lo hizo su colega Carlos Almada. Meza estaría recibiendo la protección del senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher (ANR).

La abogada Flecha presentó ante la Fiscalía Adjunta el segundo urgimiento solicitando la imputación de la magistrada. En su escrito la letrada se queja de la fiscal Gadea, ya que se negó a recibir a la víctima del prevaricato con el pretexto de que estaba “muy cansada”, según reportó Vanguardia.

Flecha cuestionó la calidad de los fiscales y al referirse a Carlos Almada dijo que es inseguro y negligente. Además, sostuvo si Carolina Gadea está cansada, debería acogerse a “vacaciones eternas”. “El Estado paraguayo no tiene porqué seguir manteniendo a haraganas y debe actuar en consecuencia removiéndolos del cargo”, expresa el escrito de urgimiento.

ESTO OCURRIÓ

El 12 de febrero de 2015, Meza recibió en su despacho un interdicto para recobrar la posesión planteado por Enrique Sarubbi; al día siguiente, ordenó el desalojo de un inmueble de 20 hectáreas, ubicado sobre la ruta VII, a la altura del Km 22 de Minga Guazú, perteneciente a HB Inmobiliaria.

Sarubi consiguió la medida judicial en base a un título de propiedad logrado en un fraude: en 2013 inició un juicio de “hacer escritura pública” contra su suegro Feliciano Duarte 14 años después de muerto; Sarubbi ganó el juicio a su suegro fallecido. En la década del 90, Duarte ya había vendido la finca a HB Inmobiliaria.

La juez Meza ordenó el desalojo del inmueble, sin siquiera dar oportunidad a los verdaderos dueños para defenderse. El mandato judicial se cumplió el 16 de febrero de 2015, y recién el 16 de diciembre de 2015, los verdaderos propietarios recuperaron su inmueble.