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La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Peña, ordenó al juzgado de ejecución de Ciudad del Este proceder al cumplimiento de la sentencia de Olga Cañete y Sofía Caballero. Las mismas fueron condenadas por negligencia médica, en la muerte de Romelia Páez de Segovia. El mandato de la Corte primeramente fue remitido al despacho del juez de ejecución, Carlos Bordón. El magistrado se apartó del caso, ya que su hermano, el médico Jorge Bordón también había sido investigado en la misma causa, en la que Cañete y Caballero fueron condenadas. El expediente había pasado al segundo juzgado de ejecución que está a cargo de Lourdes Morínigo. Los abogados de las médicas recusaron a Morínigo porque supuestamente fue compañera de colegio de un hermano de Javier Martínez, abogado de los familiares de la víctima fatal. La causa fue sorteada y remitida al juzgado de Garantías N° 5. Pero el entonces juez itinerante Emilio Gómez se apartó debido a que en el mismo juzgado se había tramitado una parte del proceso. El mandato de la máxima instancia judicial fue trasladado al juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Dólica Giménez. Nuevamente, los abogados de las médicas recusaron a la magistrada, porque Luis Giménez (hermano de Dólica) opinó en su cuenta de Facebook que las sentenciadas debían cumplir la pena. La causa pasó al juzgado de Garantías N° 7, de Raúl Insaurralde, quien también se apartó del caso, ya que llegó a intervenir en otra etapa del proceso de las médicas, según  el matutino Vanguardia.