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Desde la CGR, afirman que González estuvo comisionada el año pasado en la comuna franqueña, este año a la de Hernandarias. 

Se trata de la auditora María Elena González Romero, quien cobró en la fecha 2 de setiembre del 2015, G. 2.560.000, luego el mismo monto el 28 de octubre del 2015 y en diciembre del 2015 unos G. 2.500.000, para realizar un viaje a Asunción. La Junta Municipal de Presidente Franco rechazó la  la rendición de cuentas 2015, el jueves último, debido a que no se explicaba el motivo de la utilización de varios millones del recurso público, incluido el otorgado de la funcionaria de Contraloría. 

El concejal César Benítez (Independiente), afirmó que es irregular que una asalariada de la institución contralora reciba algún tipo de pago de la comuna. Añadió que es una práctica común de auditores del ente contralor para “blanquear” a administradores públicos. En total, el año pasado destinó más de 289 millones para viáticos, cual fue uno de los motivos para el rechazo de la rendición de cuentas de los anteriores intendentes. 

González figura como auditora de la CGR y cobra un salario de G. 6.456.600, del cual sigue gozando pese a estar comisionada a otra institución pública. 

El responsable de prensa de la Contraloría, Ricardo Roa, confirmó que González es funcionaria, pero que en el 2015 estuvo comisionada a la comuna franqueña. El exintendente, Alcides Fernández, solicitó en enero del año pasado su comisionamiento, el cual fue concedido por el excontralor, Rubén Velázquez Gadea, según consta en documentos a los que tuvimos acceso.

Actualmente, González figura en la lista de comisionadas en la comuna de Hernandarias. El responsable de prensa de la comuna, Edgar Núñez, afirmó que ésta colabora con el intendente, Rubén Rojas (ANR), en una auditoría que se lleva a cabo en la institución.  Intentamos conversar con María Elena González, pero no respondió a las llamadas. 

VIOLACIÓN

González estaría violando el reglamento interno de la institución contralora. En la resolución 627/02 de la Contraloría General de la República, que crea su reglamento interno, establece las incompatibilidades y prohibiciones, en el Artículo 40, inciso “E” establece la prohibición de: “prestar servicios de orden profesional a cualquier institución sometida al control de la Contraloría General”, puesto que de esta manera se constituye en juez y parte de los controles.